El Partido Demócrata gobernante presentó el 22 de diciembre un proyecto de ley para establecer un tribunal especial para casos de insurrección relacionados con el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial. La medida busca abordar los retrasos y la injusticia percibida en los juicios en curso, pero enfrenta críticas por posible inconstitucionalidad y por socavar la independencia judicial. La oposición ha jurado lanzar un filibustero para bloquearlo.
El 22 de diciembre de 2025, el Partido Demócrata de Corea, en el poder, presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para crear un tribunal especial para manejar casos de insurrección conectados con el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial. El partido ha avanzado la legislación citando retrasos y una injusticia percibida en los juicios de los involucrados, a pesar de la amplia crítica de que podría ser inconstitucional y erosionar la independencia del poder judicial. Bajo el proyecto de ley propuesto, los jueces del tribunal serían seleccionados por un organismo establecido bajo las directrices de la Corte Suprema, un cambio respecto al plan anterior que involucraba un comité de recomendación.
El principal partido de oposición, People Power Party, se ha comprometido a iniciar un filibustero para obstruir el proyecto, etiquetándolo como "injusto", junto con otras medidas de reforma judicial impulsadas por el partido gobernante. La Asamblea Nacional controlada por el Partido Demócrata puede votar para terminar un filibustero 24 horas después de que comience. Actualmente, Yoon y varios exfuncionarios, incluido el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, enfrentan juicios por cargos de insurrección relacionados con el fallido intento de ley marcial.
El poder judicial ha expresado oposición al proyecto. La semana pasada, la Corte Suprema anunció planes para establecer paneles especiales para abordar cargos de insurrección, traición y motín, posicionándolos como una alternativa a la iniciativa del Partido Demócrata. La propuesta forma parte de reformas judiciales más amplias, pero ha generado preocupaciones sobre posibles amenazas a la autonomía judicial.
