La diputada Evair de Melo (PP-ES) afirma que anular los vetos de Lula al proyecto de licencias ambientales no es represalia contra el Gobierno por nominar a Jorge Messias al STF. El Gobierno defiende mantener los vetos, enfatizando evaluaciones técnicas y riesgos climáticos. La sesión del Congreso, convocada por Davi Alcolumbre, podría desarrollarse en medio de tensiones políticas.
La anulación de los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto que flexibiliza las reglas de licencias ambientales es vista por algunos como represalia por la nominación del procurador general Jorge Messias al STF, por encima de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Sin embargo, la diputada Evair de Melo (PP-ES), de la bancada ruralista, niega cualquier conexión. «No entraremos siquiera en el fondo [del discurso] porque no tiene fundamento. Esta agenda es de larga data, no tiene nada que ver con el momento actual del Gobierno, nada que ver con la catástrofe que fue la COP», afirma Melo.
El presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), convocó una sesión de vetos para el martes (25), que incluye los de licencias, en una derrota anunciada para el Gobierno. Hubo un intento de votar antes de la COP30 en Belém (PA), pero los líderes del Gobierno lo retrasaron. Los aliados de Alcolumbre ven los vetos como parte de un «paquete de vilezas» por la nominación de Messias.
En agosto, Lula vetó 63 puntos del texto, presentando un nuevo proyecto y medida provisional para la Licencia Ambiental Especial (LAE), que prioriza proyectos mediante un consejo político y podría beneficiar la exploración petrolera en la Foz do Amazonas. El Gobierno emitió una nota defendiendo los vetos: «Los vetos se establecieron basados en evaluaciones técnicas y jurídicas rigurosas, con participación de la comunidad científica e insumos de diversos sectores sociales». La administración destaca desastres como Mariana, Brumadinho y los recientes en Paraná y Rio Grande do Sul, además de la reciente COP30, para evitar retrocesos ambientales.
Melo argumenta que la anulación traerá «más agilidad, seguridad jurídica», respetando prerrogativas ambientales, enfocándose en la burocracia para generar empleos. La sesión, sin embargo, no está asegurada por falta de acuerdo y bajo quórum en Brasília. El Gobierno reafirma disposición al diálogo para soluciones equilibradas.