Asociaciones de servidores de Bahía que supuestamente originaron carteras de créditos consignados falsos usaron un correo vinculado a Augusto Lima, exsocio de Banco Master. La Policía usó esta conexión para fortalecer las sospechas contra Lima en las estafas de R$12.2 mil millones transferidas a BRB. La defensa niega cualquier vínculo.
Las asociaciones Asteba (Asociación de Servidores Técnico-Administrativos y Similares del Estado de Bahía) y Asseba (Asociación de Servidores de Salud y Similares en la Administración Directa del Estado de Bahía) fueron identificadas como responsables de las carteras de créditos consignados falsos por R$12.2 mil millones, transferidas por Banco Master a BRB (Banco de Brasília).
Según la Policía Federal, estas entidades informaron a la Hacienda Federal el teléfono y el correo del grupo empresarial Terra Firme, de propiedad exclusiva de Augusto Lima, exsocio de Daniel Vorcaro en Banco Master. El correo 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br' y el teléfono compartido fortalecieron las sospechas de que Lima estaba detrás de las asociaciones. «Las asociaciones Asteba y Asseba informaron a la Hacienda Federal, como correo de contacto, la dirección electrónica 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br', que es el mismo correo de la empresa Terra Firme da Bahia Ltda [...], de propiedad exclusiva de Augusto Lima. Asseba y Terra Firme también comparten el mismo teléfono de contacto con la Hacienda Federal», indica la representación de la PF.
La empresa Terra Firme comparte su nombre con el Instituto Terra Firme, presidido por la esposa de Lima, la exdiputada federal y exministra Flávia Peres en el gobierno de Jair Bolsonaro (PL). La ONG afirma que «el objeto social y las acciones del grupo y del instituto son totalmente diferentes».
El abogado Pedro Ivo Velloso, de la defensa de Lima, declaró que «la investigación demostrará la absoluta inexistencia de vínculo entre Augusto Lima y las operaciones investigadas». La defensa señala que Lima dejó Master, tiene antecedentes limpios y actuó legalmente.
Las asociaciones fueron blanco de allanamientos en la Operación Compliance Zero, que detuvo a Lima y Vorcaro el 18 de noviembre de 2025. El Ministerio Público Federal identificó que los descuentos en nóminas estatales eran de bajo valor por cuotas associativas y servicios, lo que hacía imposible generar R$6.7 mil millones en préstamos, más R$5.5 mil millones en primas y bonos.