El presidente Trump ha llegado a un acuerdo en una demanda contra su propia administración, estableciendo un fondo financiado por los contribuyentes de casi 1.800 millones de dólares para personas que sus designados consideren víctimas de extralimitación gubernamental. El acuerdo también protege a su familia y a sus empresas de auditorías del IRS y de medidas coercitivas sobre declaraciones de impuestos anteriores. Legisladores bipartidistas se están movilizando para bloquear el pacto.
El acuerdo surge de una demanda que Trump presentó contra agencias federales por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Crea un fondo contra la instrumentalización política financiado por los contribuyentes estadounidenses. Los funcionarios describieron a los beneficiarios como víctimas de 'lawfare' (guerra jurídica), aunque los críticos señalan que podría recompensar a individuos condenados por el ataque al Capitolio del 6 de enero, algunos de los cuales Trump indultó anteriormente.