El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más de conspirar con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para traficar drogas y armas. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas contundentes para proceder con extradiciones y rechazó intromisión extranjera. Alejandro 'Alito' Moreno, líder del PRI, pidió cancelar el registro de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros siete funcionarios y exfuncionarios. Según la acusación, conspiraron con Los Chapitos para importar narcóticos como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político en las elecciones de 2021 y sobornos. Se les imputan conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 30 de abril, confirmó una llamada con Rocha: “Si no hay nada, no hay nada que temer”. Exigió pruebas irrefutables a la FGR para actuar, criticando que la evidencia presentada es “una hoja de papel” con alias como ‘Juanito’, ‘R1’ y ‘Tornado’. “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo es político”, afirmó. La SRE recibió las solicitudes de extradición el 28 de abril y las turnó a la FGR.
Rocha Moya rechazó las acusaciones el 30 de abril: “No adelantemos vísperas. No le temo a nada porque yo siento ser una persona limpia”. Alejandro Moreno, líder del PRI, exigió al INE retirar el registro a Morena: “No es un partido político, es un cártel del crimen organizado”. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EU celebró: “Esto es solo el principio”.
La American Society of Mexico urgió a México actuar con transparencia, recordando que la cooperación judicial es obligatoria por tratados bilaterales.
