El Ministerio de Trabajo ha encomendado a los sindicatos preparar en tres semanas una propuesta para reformar el despido improcedente, pese al rechazo del Tribunal Supremo. La iniciativa busca cumplir con la Carta Social Europea, que considera inadecuada la indemnización actual de 33 días por año trabajado. Los sindicatos UGT y CCOO lideran el proceso, impulsado por resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.
El lunes 20 de octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, encargó a los sindicatos UGT y CCOO elaborar una propuesta conjunta en un plazo de tres semanas para modificar la regulación del despido improcedente. Esta reforma pretende alinear la legislación española con la Carta Social Europea, tras resoluciones favorables del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en Estrasburgo a reclamaciones colectivas presentadas por ambos sindicatos.
Los sindicatos argumentaron que la indemnización actual de 33 días por año trabajado no es 'adecuada', ni reparatoria del daño causado por un despido injustificado, ni disuasoria para las empresas. El CEDS aceptó estas denuncias e invitó a España a cambiar su normativa, abriendo la puerta a indemnizaciones variables según circunstancias personales como edad, cargas familiares o sector.
Sin embargo, en julio de 2025, el Tribunal Supremo dictaminó que la Carta no es de obligado cumplimiento y que las indemnizaciones vigentes son adecuadas, ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad. En su sentencia, el Supremo explicó: 'La doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada que nuestra legislación ha establecido es una indemnización adecuada. Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores'. Además, aclaró que las decisiones del CEDS no son ejecutivas ni directamente aplicables, pero reconoció que podrían requerir intervención legislativa.
UGT planea recurrir esta sentencia ante el Tribunal Constitucional. Fernando Luján, vicesecretario general de Acción Sindical de UGT, detalló que la propuesta se centrará en cuatro ejes: hacer la indemnización resarcitoria y disuasoria; recuperar los salarios de tramitación derogados en 2012; reflexionar sobre la readmisión, actualmente facultad exclusiva de las empresas; y contemplar daños morales y perjuicios, como ha indicado el Tribunal de Justicia de la UE.
Las patronales, por su parte, defienden el sistema actual, argumentando que una indemnización no tasada generaría inseguridad jurídica.