El jefe del Ejército, general Oscar Santiago Zarich, ordenó la baja administrativa de 34 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La medida, adoptada tras un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, implica la pérdida de beneficios como retiros y pensiones. Se conoció en la semana del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.
El Ejército argentino resolvió dar de baja a 34 militares condenados por delitos de lesa humanidad, según una resolución del jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich. La decisión se tomó a partir de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dos semanas antes había detectado 78 casos de integrantes de las Fuerzas Armadas con sentencias firmes aún no ejecutadas.
La medida afecta a un teniente coronel retirado y 33 suboficiales, entre ellos Juan Daniel Amelong, quien acumula varias condenas, incluidas penas perpetuas, por crímenes durante la última dictadura militar. Los afectados perderán el estado militar, retiros, pensiones y cobertura de obra social.
Esta acción se formalizó el 26 de marzo, tras un informe que reveló represores con sentencia firme en condición de retiro. Generó malestar en las Fuerzas Armadas, donde aún quedan agentes pendientes de desvinculación. No es la primera: a comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa Luis Petri dispuso la baja de 23 militares similares.
La PIA destacó falencias en la ejecución de bajas, como demoras, respuestas fragmentadas y falta de mecanismos de control para cumplir las sentencias judiciales.
