Bolivia impidió el ingreso a un grupo de argentinos que buscaba documentar protestas, alegando inconsistencias en sus documentos migratorios. Entre los deportados se encontraba el diputado Juan Marino.
El canciller argentino Pablo Quirno informó que las autoridades bolivianas ejercieron su derecho de admisión tras detectar discrepancias entre el propósito declarado en los formularios migratorios y las intenciones públicas del grupo. La comitiva, que se autodenominaba Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos e incluía a la legisladora Vanina Biasi, no cumplió con los requisitos exigidos por la legislación boliviana.
Quirno aclaró que el gobierno argentino respetó las facultades soberanas de Bolivia y activó la embajada y los consulados en La Paz y Santa Cruz de la Sierra para supervisar el proceso de deportación. Dirigentes bolivianos, como la senadora Tomasa Yarhui, acusaron al grupo de intromisión política, mientras que el diputado Alejandro Reyes solicitó investigar el financiamiento del viaje y posibles vínculos con Evo Morales.
