South Africans for Constitutional Reform ha recaudado más de 500.000 rands al estructurar su petición en torno a las prioridades ciudadanas frente a los extranjeros. Su fundadora, Princy Mthombeni, reveló posteriormente que las motivaciones principales estaban vinculadas a la política energética y a la regulación de las ONGs.
El grupo ha recopilado más de 30.000 firmas desde mayo de 2025 y lanzó una campaña de micromecenazgo en mayo de 2026. Mthombeni, quien ha trabajado como Oficial de Relaciones con las Partes Interesadas en la Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica desde 2007, declaró en una entrevista en junio de 2026 que su interés inicial radicaba en la sección de energía de la Constitución. La petición de SACR incluye una propuesta para que el Estado supervise a las ONGs y organizaciones sin fines de lucro (NPOs) a fin de alinearlas con el desarrollo nacional. Esto sigue a la prolongada defensa por parte de Mthombeni de un acuerdo nuclear de 2017 con Rusia que fue anulado por el Tribunal Superior de Western Cape tras los desafíos presentados por grupos medioambientales. Los donantes en la plataforma BackaBuddy citaron con mayor frecuencia mensajes como “Sudáfrica para los sudafricanos”. La campaña aún no ha enviado una solicitud de pago por los fondos recaudados. El Comité Conjunto de Revisión Constitucional del Parlamento recibió 1.400 propuestas, la mayoría de las cuales fueron descartadas. Las opiniones legales indicaron que las propuestas para limitar los derechos exclusivamente a los ciudadanos entrarían en conflicto con la jurisprudencia constitucional vigente.
