El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ha dictaminado que el Parlamento actuó de manera inconstitucional al bloquear una investigación de destitución contra el presidente Cyril Ramaphosa en 2022. La decisión exige que la Asamblea Nacional establezca una comisión de destitución para examinar el asunto de Phala Phala. Los partidos de la oposición pidieron inmediatamente la dimisión del presidente.
La sentencia mayoritaria, dictada el 9 de mayo de 2026, anuló la votación de la Asamblea Nacional de diciembre de 2022 que se negó a remitir el informe de un panel independiente a una comisión de destitución. La presidenta del Tribunal Supremo, Mandisa Maya, declaró que la rendición de cuentas es un valor constitucional fundamental y que la Asamblea Nacional debe garantizar que el presidente responda por sus actos.
El fallo se deriva de las acusaciones relacionadas con el robo de divisas extranjeras en la granja de caza Phala Phala de Ramaphosa en 2020. El tribunal determinó que la Asamblea se había equivocado al detener los procedimientos a pesar de las conclusiones del panel.
Los líderes de la oposición reaccionaron rápidamente. El líder de Economic Freedom Fighters, Julius Malema, afirmó que Ramaphosa debería dimitir para centrarse en el proceso. El líder de African Transformation Movement, Vuyo Zungula, y el líder de ActionSA, Herman Mashaba, se sumaron a las peticiones para que abandone el cargo inmediatamente.
El Congreso Nacional Africano tiene previsto debatir la sentencia en su reunión del Comité Ejecutivo Nacional el 11 de mayo. El partido MK ha presentado una moción de censura, mientras que el Partido Comunista de Sudáfrica instó a que los procedimientos de destitución comiencen sin demora.