El Tribunal Constitucional ha anulado disposiciones de la Ley Nacional de Salud que sustentaban partes del propuesto programa de Seguro Nacional de Salud (NHI), declarándolas inconstitucionales.
La jueza Kate Savage, en una sentencia unánime apenas 18 días después de asumir su cargo, confirmó la invalidez de las secciones 36 a 40 de la Ley Nacional de Salud 61 de 2003. Estas secciones exigían un certificado de necesidad del director general del Departamento de Salud para establecer centros de salud o proporcionar ciertos servicios, estableciendo sanciones penales por incumplimiento. El tribunal determinó que las disposiciones limitaban injustificadamente el artículo 22 de la Constitución, que protege el derecho a elegir libremente el propio oficio, ocupación o profesión. El fallo se produjo en un caso presentado por el sindicato Solidarity, profesionales de la salud privada y la asociación de hospitales. Una impugnación separada por parte de la Junta de Financieradores de Salud permanece ante el tribunal, centrándose en el modelo de financiación y los detalles de los servicios de la Ley del NHI. La sentencia elimina un mecanismo clave destinado a redistribuir los servicios de salud privados bajo el marco del NHI.
