La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025, conocida como la CLARITY Act, ha superado la Cámara de Representantes y está lista para el markup del Senado en enero. El proyecto de ley busca resolver las disputas jurisdiccionales entre la SEC y la CFTC, al tiempo que aborda las finanzas descentralizadas y la supervisión estatal. Las disposiciones clave incluyen una exclusión para DeFi y una cláusula de preempción para commodities digitales.
La CLARITY Act busca aclarar la regulación de los activos digitales en Estados Unidos poniendo fin a la prolongada guerra de turf entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Tras ser aprobada en la Cámara con un voto abrumador, la legislación ahora se enfrenta a la revisión del Senado en enero, donde los legisladores debatirán sus disposiciones y posibles enmiendas.
Una característica central es la exclusión para DeFi, que exime ciertas actividades de ser clasificadas como intermediarios. Estas incluyen compilar y retransmitir transacciones, operar nodos o servicios de oráculos, proporcionar ancho de banda, publicar o mantener protocolos, participar en piscinas de liquidez para operaciones spot y ofrecer software como billeteras que permiten a los usuarios custodiar sus propios activos. El proyecto de ley especifica que dichas acciones por sí solas no someten a las entidades a regulación como exchanges o mercados. Sin embargo, esta exclusión no se extiende a las autoridades contra el fraude y la manipulación, preservando la capacidad de la SEC y la CFTC para abordar conductas engañosas.
La cláusula de preempción trata las commodities digitales como valores cubiertos bajo la ley federal, limitando la capacidad de los estados para imponer sus propios requisitos de registro o cualificación. Esta medida busca crear un marco nacional unificado, reduciendo el mosaico de reglas estatales que han complicado el cumplimiento normativo para las firmas cripto. El proyecto de ley incluye lenguaje que preserva algunas autoridades estatales, particularmente en casos de alegaciones de fraude.
Problemas sin resolver se ciernen en grande. Las disposiciones de DeFi plantean preguntas sobre dónde terminan las interfaces de usuario e inician los venues de trading, especialmente con front-ends que dirigen órdenes o integran blocklists. Las piscinas de liquidez, a menudo permissionless e influenciadas por la gobernanza, pueden carecer de protecciones suficientes para inversores minoristas, como divulgaciones o controles de conflictos de intereses. El sistema de clasificación del proyecto separa contratos de inversión iniciales de operaciones secundarias de tokens, pero su éxito depende de cómo los tribunales y reguladores interpreten estos límites.
Si se promulga, la SEC y la CFTC deben emitir reglas en 360 días, con algunas disposiciones retrasadas hasta que concluya el proceso de rulemaking. Los defensores lo ven como un camino hacia la innovación, mientras que los críticos temen que debilite las protecciones a inversores a nivel estatal. El markup de enero determinará si el proyecto proporciona claridad duradera o invita a nuevas disputas.
