Varios países han implementado o debatido medidas para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, citando impactos en la salud mental y la privacidad. En Argentina, expertos destacan la necesidad de educación digital y regulaciones estructurales más allá de simples prohibiciones. El tema involucra no solo la protección infantil, sino también el modelo de negocio basado en datos de las plataformas.
En 2025 y 2026, naciones como Australia impusieron una prohibición total para menores de 16 años, con multas a empresas que no verifiquen la edad. España anunció una medida similar, mientras Francia y Dinamarca avanzan con límites, y la Unión Europea debate una 'mayoría de edad digital'. En Argentina, existen proyectos legislativos en esa línea, ante la alta penetración de pantallas entre menores.
Javier Pallero, analista en política de tecnología, criticó las prohibiciones por llegar 'demasiado tarde'. 'Durante años no se consideró una urgencia y cuando algo llega tarde y se quiere legislar rápidamente, se eligen malas ideas como la verificación de la edad', afirmó. Pallero advirtió que las plataformas, basadas en la 'extracción y explotación de datos personales', podrían usar la verificación para recopilar más información, como datos biométricos, sin alterar su modelo de negocio. Esto arriesga el anonimato en internet, esencial para críticas o búsquedas sensibles, y podría convertir a las empresas en 'una especie de registro civil' bajo delegación estatal, especialmente en contextos autoritarios.
Silvina Casablancas, doctora en Pedagogía y especialista en Tecnología Educativa, enfatizó el rol de la escuela como 'baluarte' para enseñar ciudadanía digital. Basada en investigaciones de FLACSO sobre niños de 9 a 12 años, detectó desigualdades en herramientas de protección, y ninguno mencionó ciudadanía digital. 'La escuela es el lugar idóneo para dar herramientas sobre cómo cuidarse y crecer en la sociedad digital', dijo. Insistió en involucrar a las familias y fomentar pensamiento crítico contra algoritmos y contenidos tóxicos, como discursos de odio que afectan la identidad adolescente.
Los expertos coinciden en que las restricciones marcan un punto de inflexión, pero sin educación crítica y regulaciones en protección de datos y competencia, las medidas serán parches. Familias argentinas muestran preocupación, reconociendo que enfoques previos ya no bastan.
