Ministros del gobierno de Lula, como Fernando Haddad y Luiz Marinho, están alarmados por los incentivos fiscales concedidos para el ensamblaje de autos eléctricos en una fábrica visitada por el presidente y Geraldo Alckmin en Ceará. Lo ven como una renuncia de ingresos en medio de un presupuesto ajustado, sin un crecimiento sustancial de la industria nacional. Los críticos argumentan que la inversión no crea suficientes empleos para justificar el beneficio de la política pública.
Recientemente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin visitaron una fábrica en Ceará dedicada al ensamblaje de autos eléctricos, que recibe incentivos fiscales del gobierno. Sin embargo, esta decisión ha generado inquietud entre algunos ministros petistas en la Esplanada dos Ministérios. Según interlocutores que hablaron con ellos sobre el asunto, Fernando Haddad de la Fazenda y Luiz Marinho de Trabajo y Empleo están «con los pelos de punta» con el modelo de incentivo adoptado.
Para el equipo de la Fazenda, representa otra renuncia de ingresos que requiere compensación en un entorno presupuestario ya ajustado. Los críticos señalan que la iniciativa no impulsa la expansión de la industria automotriz nacional, limitando así la creación de empleos. En lugar de fomentar un crecimiento amplio, la inversión apoyaría principalmente el ensamblaje local sin impactos más profundos en la cadena de producción.
Esta fricción interna refleja debates más amplios sobre la política fiscal en el sector automotriz. Mientras el gobierno busca atraer inversiones en vehículos eléctricos, voces internas cuestionan si los beneficios públicos corresponden a los retornos esperados en desarrollo económico y generación de empleo. La visita de Lula y Alckmin al lugar subrayó el apoyo oficial a la iniciativa, pero reveló divisiones en los niveles superiores del Ejecutivo.