El ministro del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, decidió el sábado suspender la aplicación de la Ley de Dosimetría, la cual reduce las sentencias de los condenados por los ataques del 8 de enero. La medida queda a la espera de que el pleno del Tribunal analice la constitucionalidad de la norma promulgada por el Congreso el viernes. Las reacciones de los políticos de la oposición y del gobierno no se hicieron esperar.
Moraes ordenó que la ley no se aplique hasta que haya una sentencia definitiva sobre las acciones que cuestionan su validez. La decisión se registró en los casos de al menos diez personas condenadas por los actos golpistas.
El senador Flávio Bolsonaro calificó la medida como un “plumazo burocrático” y afirmó que la democracia está sacudida. En un evento en Florianópolis, declaró que un ministro del Tribunal Supremo anula las decisiones de los representantes del pueblo.
El líder del PSOL en la Cámara, Tarcísio Motta, dijo que la legislación es casuística e inconstitucional. Abogados de los acusados, como Helio Junior, criticaron la suspensión individual de una ley que ya estaba en vigor.
