Dos peticionarios del sector editorial han solicitado a la Corte Suprema que declare inconstitucional el impuesto al valor añadido del 12 por ciento sobre los libros digitales.
El Artista Nacional de Literatura Virgilio Almario y el abogado Elridge Marvin Aceron presentaron la petición de certiorari, prohibición y mandamus el 29 de mayo. Designaron como demandados al secretario interino de Finanzas, Frederick Go, y al comisionado de la Oficina de Ingresos Internos, Charlito Martin Mendoza.
La petición argumenta que el impuesto bajo la Ley de la República 12023 viola las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la educación. También cita las obligaciones de Filipinas bajo el Acuerdo de Florencia sobre materiales educativos importados.
Aceron declaró que pagó 67.20 pesos en concepto de IVA tras comprar una copia digital del libro de Maria Ressa por unos 630 pesos. Los peticionarios buscan una orden de restricción temporal y una circular de memorando de ingresos para suspender el impuesto mientras se realizan cambios legislativos.
