La Oficina de Rentas Internas (BIR, por sus siglas en inglés) ha emitido cartas de autorización para auditar los registros fiscales de la vicepresidenta Sara Duterte, su marido Manases Carpio y nueve empresas vinculadas a ellos. La medida sigue a la determinación de causa probable basada en datos de terceros, como las declaraciones de bienes (SALN) y los informes del Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC). Esto aumenta la presión sobre la actual denuncia de juicio político en su contra por el presunto mal uso de fondos públicos.
La Oficina de Rentas Internas (BIR) ha ordenado la emisión de cartas de autorización (LOA) para auditar a la vicepresidenta Sara Duterte, a su marido Manases Carpio y a nueve empresas vinculadas a la pareja. La BIR declaró que una determinación cuidadosa encontró causa probable basada en datos de terceros, incluidos los estados de activos, pasivos y patrimonio neto (SALN) y los informes del Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC).
El comisionado de la BIR, Charlito Martin Mendoza, explicó que una LOA es el instrumento legal para iniciar auditorías fiscales formales de los libros de contabilidad de los contribuyentes. "No es una conclusión de responsabilidad, sino un paso necesario para determinar los impuestos correctos adeudados. La rendición de cuentas comienza con la aplicación coherente de la ley", señaló.
Las empresas incluyen Carpio Lawyers (anteriormente Carpio & Duterte Lawyers), Zelta Matiem Salon, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Foods Corporation, Madayaw Fisheries Inc., Davao Emerging Taipans Corporation, Amianan Shores Inc., Cale88 Foods Corporation y Geometry Security and Investigation Agency Inc.
La decisión se produce días después de que el comité de justicia de la Cámara de Representantes aplazara la apertura de los registros fiscales de la pareja debido a cuestiones legales bajo el Código Nacional de Rentas Internas. Las audiencias de juicio político revelaron disparidades entre 6700 millones de pesos en transacciones bancarias durante 20 años y su patrimonio neto declarado, que alcanzó un máximo de 88 millones de pesos.
