La Procuraduría General de la República envió el jueves (18) un dictamen al Supremo Tribunal Federal en contra de la suspensión de la Ley de Dosimetría, la cual podría reducir las penas de los condenados por los actos del 8 de enero de 2023, incluido Jair Bolsonaro.
El procurador general Paulo Gonet defendió la validez de la ley aprobada por el Congreso Nacional. Argumentó que el texto no individualiza a los beneficiarios y que el Congreso tiene autonomía para definir las políticas penales.
Gonet afirmó que la norma solo altera los criterios para la imposición de penas y la ejecución penal, sin extinguir la punibilidad ni eliminar la tipicidad de los delitos. El dictamen fue enviado al ministro Alexandre de Moraes, relator de las acciones que cuestionan la legislación.
Las acciones fueron presentadas por partidos como PSOL, Rede, PT, PDT, PV y PCdoB, así como por la Asociación Brasileña de Prensa. Moraes suspendió la aplicación de la ley en mayo a la espera de una decisión plenaria definitiva. La Procuraduría General de la República ya había defendido la inconstitucionalidad de la norma.
