Los filipinos sordos podrán solicitar intérpretes en procedimientos judiciales a partir del 15 de diciembre, según la Corte Suprema. El tribunal ha aprobado normas para la interpretación en lengua de señas filipina en el poder judicial. Esta medida busca garantizar el acceso igualitario a la justicia para las personas con discapacidades auditivas.
La Corte Suprema ha aprobado normas para el uso de intérpretes de lengua de señas filipina (LSF) en los tribunales, vigentes a partir del 15 de diciembre. Se proporcionará a todos los tribunales una lista anual de intérpretes acreditados, con certificados válidos por tres años emitidos por la Oficina del Administrador de Tribunales.
Los intérpretes deben completar al menos 24 horas de educación continua cada tres años para mantener la acreditación. Los tribunales podrán retirar a los intérpretes por incapacidad, fraude o deshonestidad, violación de confidencialidad, ausencia sin causa justificada o violación intencional de las normas.
“Los intérpretes deben… respetar la identidad, lengua, cultura, estatus y características personales y creencias de la persona sorda”, declaró la Corte Suprema.
Las personas sordas podrán contratar sus propios intérpretes acreditados con el consentimiento de la otra parte. Se permite la interpretación remota cuando no haya intérprete presencial disponible, en procedimientos breves sin testimonio, o en casos sensibles que representen riesgos de seguridad para el intérprete.
La interpretación en el tribunal sigue siendo obligatoria para procedimientos complejos, casos con niños o múltiples partes, así como en instalaciones afectadas por ruido o mala iluminación donde no sea viable la videoconferencia.