La Defensoría de Casación bonaerense pidió a la Corte Suprema que anule la condena de 15 años a Lucas Pertossi, uno de los rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2020. El planteo alega un conflicto de intereses en su defensa y viola el derecho a una asistencia legal efectiva. El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, negó que exista un pedido de nulidad y afirmó que solo se tramitan quejas ya rechazadas.
El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en enero de 2020 a la salida de la disco Le Brique en Villa Gesell, donde un grupo de ocho rugbiers atacó al joven de 18 años, causándole la muerte por golpes. En el juicio de 2023 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores, cinco de los implicados —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi— recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía. Lucas Pertossi, junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, fue condenado a 15 años como partícipe necesario.
La Defensoría del Pueblo de Casación de Buenos Aires, a través del abogado Ignacio Nolfi, presentó un recurso in pauperis ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para anular la sentencia de Pertossi. El escrito, al que accedió Perfil, sostiene que el abogado Hugo Tomei, quien representó a los ocho acusados en un patrocinio común, generó intereses contrapuestos al no diferenciar las estrategias de defensa según el grado de participación de cada uno. "La homogeneización defensiva adoptada impidió desplegar líneas argumentales centrales en favor de Pertossi, condicionó su declaración, limitó el alcance de sus derechos recursivos y lo privó de una evaluación individualizada de su responsabilidad penal", indica el texto.
Se cuestiona también la imprecisión en los hechos imputados a Pertossi desde la etapa de instrucción y vicios procesales. Según la defensa, su rol fue "secundario y periférico": filmó parte del incidente, tuvo un altercado menor con una tercera persona y se retiró antes del final de la golpiza, como muestran las cámaras de seguridad, lo que implica una "desvinculación temporal y espacial". Además, se critica el razonamiento de los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari por incoherencias en la secuencia del dolo y falta de congruencia entre acusación y sentencia.
El pedido invoca principios constitucionales e internacionales que exigen una asistencia legal "efectiva y sustancial". La Corte bonaerense había rechazado previamente el recurso extraordinario de Tomei.
Por su parte, Fernando Burlando, letrado de la familia Báez Sosa, cuestionó el planteo de la defensa de Pertossi y descartó que pueda reducirse la condena. Aseguró a TN que no hay pedido de nulidad en trámite, sino quejas ya rechazadas, y que las condenas "han gozado de mucha contundencia jurídica". Agregó que es "muy difícil" que cambie el escenario.
