El Ayuntamiento de Río de Janeiro publicó el martes 21 de julio de 2026 un decreto que prohíbe que las organizaciones no gubernamentales reciban fondos a través de enmiendas parlamentarias.
El decreto forma parte de un paquete de cinco actos administrativos y se aplica a las organizaciones sociales con contratos municipales. También exige la creación de un organismo para gestionar el registro de las ONG ante el municipio e implementa un nuevo tipo de registro para las entidades que prestan servicios al ejecutivo de Río.
La medida entra en vigor ocho meses después de que investigaciones de la Policía Federal y auditorías de la Contraloría General de la Unión revelaran actividades sospechosas en organizaciones de Río. Un caso citado es Con-tato, que movió más de 130 millones de reales en enmiendas entre 2019 y 2024 y está vinculado a los hermanos Brazão, condenados en febrero de 2026.
El decreto incluye un periodo de transición para las entidades que ya reciben estos recursos. El objetivo es evitar conflictos de interés y la superposición de fondos públicos. Investigaciones anteriores, como el caso de 2018 que involucró a OS Pró-Saúde, ya habían señalado desvíos de cerca de 74 millones de reales.
