Una gran operación policial en Río de Janeiro, lanzada el 28 de octubre de 2025 contra el Comando Vermelho en los complejos Penha y Alemão, resultó en 121 muertes, lo que la convierte en la más mortífera de la historia brasileña. El gobernador Cláudio Castro defendió la acción como una victoria, pero familiares y activistas protestaron contra lo que llaman una masacre, mientras que expertos de la ONU exigieron una investigación independiente. El gobierno federal respondió con una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado.
La Operação Contenção, llevada a cabo por la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro el 28 de octubre de 2025, buscaba desmantelar al Comando Vermelho (CV) en los complejos Penha y Alemão. Según las autoridades estatales, 121 personas murieron, incluidos cuatro policías, y 99 fueron identificadas para el 31 de octubre, con 42 que tenían órdenes de arresto pendientes y 78 con antecedentes penales como homicidio y tráfico de drogas. De los identificados, 40 provenían de otros estados, incluidos Pará, Amazonas y Bahía.
El gobernador Cláudio Castro (PL-RJ) elogió la operación como un éxito, pero no logró capturar al líder del CV en Penha, conocido como Doca. Gobernadores de derecha, como Tarcísio de Freitas (SP) y Romeu Zema (MG), apoyaron la acción, formando un 'consorcio por la paz'. Críticos, como el columnista Demétrio Magnoli, la llamaron la 'guerra' de Castro, que involucró ejecuciones sumarias y daños colaterales en las favelas.
El 31 de octubre, una protesta pacífica en el Complejo Penha, organizada por grupos como Coalizão Negra por Direitos y Voz das Comunidades, reunió a familiares, residentes y diputados del PSOL como Glauber Braga y Tarcísio Motta. Vestidos de blanco, cantaron 'Rap da Felicidade' y exigieron justicia para las víctimas, calificando la operación como violencia estatal contra poblaciones negras y periféricas.
El gobierno del presidente Lula fue tomado por sorpresa, según el columnista de VEJA Robson Bonin, respondiendo con una 'oficina de emergencia' presentada por el ministro Ricardo Lewandowski para integrar fuerzas federales y estatales. Expertos de la ONU exigieron una investigación sobre posibles 'muertes ilegales', citando invasiones de hogares sin orden judicial y disparos desde helicópteros. La OAB-RJ creó un observatorio para monitorear las investigaciones, y el MPF fue impedido por el CNMP de supervisar, generando tensiones con el MPRJ.
En las redes sociales, el debate polarizado vio una caída del 80% en las menciones, de 282 millones el 29-30 de octubre a 56 millones el 30-31 de octubre, con apoyo a la policía y críticas a la letalidad.
