La diputada Sophia Chikirou, candidata de La Francia Insumisa a la alcaldía de París, será juzgada el 12 de mayo por un presunto fraude de 2018 que perjudicó al sitio de noticias Le Média. Condena la decisión como motivada políticamente para sabotear su campaña. El caso implica un intento de engañar a un banco por más de 67.000 euros.
Sophia Chikirou, figura destacada de La Francia Insumisa (LFI) y candidata a la alcaldía de París desde noviembre, afronta otro revés judicial. El 12 de mayo comparecerá ante la 13.ª cámara correccional del tribunal judicial de París por presunto fraude contra la productora Le Média, según una fuente judicial citada por AFP el 4 de enero.
Los incidentes se remontan a julio de 2018. Chikirou está acusada de intentar repetidamente engañar al banco Crédit du Nord haciéndose pasar por presidenta de Le Média, un cargo que ya no ocupaba. Supuestamente solicitó transferencias que fallaron por falta de fondos en la cuenta, con el objetivo de obtener más de 67.000 euros. Además, se le sospecha de haber retirado fraudulentamente dos talonarios de cheques. La investigación preliminar fue realizada por la sección financiera de la Jurisdicción Nacional para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (Junalco), que constató el inicio de la ejecución de la infracción.
«La fiscalía de París decide someterme a juicio en medio de la campaña municipal por un asunto de 2018 que solo es una disputa comercial entre dos empresas. Desde entonces, las dos empresas han llegado a un acuerdo y han paralizado todos los procedimientos. ¡Se trata de un juicio decidido por el Ministerio Público para un caso sin denunciante ni daño! El asunto es eminentemente político y solo busca manchar y entorpecer mi campaña», reaccionó Chikirou a AFP.
Chikirou, que gestionó la comunicación en las campañas presidenciales de Jean-Luc Mélenchon en 2012 y 2017, niega estos cargos. También está bajo investigación formal desde septiembre de 2024 por fraude agravado relacionado con las cuentas de la campaña de 2017 de Mélenchon, que niega. Esta calendarización judicial, dos meses después de las elecciones municipales, genera interrogantes sobre su posible impacto en su candidatura.
La ausencia de denunciante y la resolución amistosa de la disputa en 2018 contrastan con la insistencia de la fiscalía, avivando las sospechas de la diputada sobre una motivación política.
