La Cámara de Diputados inició este miércoles las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares con más de 105.000 inscriptos, pero solo 360 expositores permitidos, lo que generó impugnaciones de la oposición y protestas afuera del Congreso.
La audiencia pública en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei y ya con media sanción del Senado en febrero, arrancó el 25 de marzo en un clima de alta tensión. De más de 105.000 inscriptos, solo unos 360 pudieron exponer, con el tiempo de intervención reducido de cinco a cuatro minutos, según reportes del oficialismo liderado por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien defendió el procedimiento como ajustado a derecho. La oposición, incluyendo a los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y Pablo Juliano, presentó una impugnación formal, alegando violaciones a la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú por la falta de transparencia en la selección de expositores y modificaciones al proceso. Ferraro advirtió: “Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar, pero se redujo al 0,3%”, y abrió la puerta a acciones judiciales. Dentro de la sala, hubo cruces como el entre el diputado libertario Sebastián Pareja y el sindicalista Mario “Paco” Manrique, y Selva entregó el documento de impugnación directamente a Mayoraz. Afuera, organizaciones socioambientales protestaron con la consigna “hacer fila hasta que nos dejen hablar”. Críticos como el abogado Enrique Viale la calificaron de “farsa de audiencia pública”, vinculándola a intereses mineros: “Le están entregando el agua para siempre a las grandes mineras”. La exdiputada Marta Maffei, autora de la ley original de 2010, la tildó de “farsa con pretensiones de audiencia pública”. Adolfo Pérez Esquivel enfatizó que “desarrollo no significa explotación”, mientras Daniel Filmus defendió el esquema actual por su base científica y advirtió sobre judicialización. Representantes provinciales mostraron divisiones, con La Pampa alertando sobre cuencas hídricas y San Juan defendiendo la minería. La segunda jornada será virtual, con el debate previsto para abril.
