Cinco empresas pesqueras han presentado o presentarán demandas indemnizatorias contra el Estado chileno por un monto cercano a los 600 millones de dólares, debido a cambios en las cuotas de pesca introducidos por una ley de 2025. La normativa modificó la distribución de cuotas entre pesca industrial y artesanal, afectando licencias otorgadas bajo la ley 20.657 de 2013. El gobierno actual de José Antonio Kast ha optado por reformar el estatuto vigente en lugar de avanzar en una nueva ley general de pesca.
Un proyecto de ley presentado en septiembre de 2024 y promulgado en junio de 2025 buscó resolver un impasse en la discusión de una nueva ley general de pesca, motivado por presuntos actos de corrupción en su trámite anterior. Esta norma, conocida como ley de fraccionamiento de cuotas pesqueras, redistribuyó las cuotas entre la pesca industrial y artesanal en diversas pesquerías del país.
El presidente Gabriel Boric, al promulgarla, afirmó: “quienes estamos en política, somos empleados del pueblo. No de las grandes empresas o los poderes fácticos” y que “esta ley se enmarca (...) en algo que es de la esencia de nuestro proyecto político (…), que es la riqueza para quienes la producen”. Sin embargo, las empresas argumentan expropiación indirecta, ya que la ley afecta licencias que garantizaban cuotas hasta 2032 según la ley 20.657, violando derechos de propiedad y generando desigualdad sin compensación.
La Tercera consignó que cinco empresas pesqueras ya interpusieron demandas o lo harán pronto, sumando reclamos por unos 600 millones de dólares. Durante la discusión legislativa, actores de la industria anticiparon la necesidad de compensaciones.
Recientemente, el gobierno del presidente Kast retiró un proyecto paralelo de nueva ley de pesca, priorizando reformas al estatuto actual. El debate resalta la importancia de certeza jurídica en regulaciones económicas a largo plazo.
