El gobierno de Uttar Pradesh ha suspendido al magistrado de la ciudad de Bareilly, Alankar Agnihotri, por cargos de indisciplina después de que dimitiera en protesta contra los nuevos reglamentos UGC y el presunto sesgo contra la comunidad brahmán.
Alankar Agnihotri, funcionario del Servicio Civil Provincial (PCS) asignado como magistrado de la ciudad de Bareilly, dimitió el lunes en protesta contra los nuevos reglamentos de la Comisión de Subvenciones Universitarias (UGC) notificados el 13 de enero de 2026. Estas normas buscan eliminar la discriminación en la educación superior basada en casta, religión, género y otros factores mediante la obligatoriedad de Centros de Oportunidades Iguales y Comités de Equidad en las instituciones. Agnihotri alegó que los reglamentos acosarían a los estudiantes de categoría general y afirmó que se está llevando a cabo una campaña antibrahmán en el gobierno de Uttar Pradesh, citando el presunto maltrato a Swami Avimukteshwaranand Saraswati durante la disputa del Magh Mela. En una entrevista, declaró: 'No fue una decisión repentina... No se puede tolerar los reglamentos UGC y el trato hacia Swami ji.' El martes, organizó una protesta dramática en la colecturía de Bareilly, acusando a la administración distrital de acoso y abuso basado en casta. El gobierno lo suspendió por 'indisciplina' y violación de las Reglas de Disciplina y Apelación para Servidores del Gobierno de Uttar Pradesh de 1999, adscribiéndolo a la colecturía de Shamli y ordenando una investigación por el comisario divisional. Agnihotri ha escrito a la gobernadora Anandiben Patel y planea acercarse al primer ministro y al presidente, exigiendo un Equipo de Investigación Especial para indagar el sesgo contra la comunidad brahmán. Swami Avimukteshwaranand ofreció apoyo, invitándolo a unirse a la lucha por el 'Sanatan Dharma'. Mientras tanto, otro funcionario, Prashant Kumar Singh en Ayodhya, dimitió en apoyo al gobierno contra las declaraciones del swami. El incidente ha generado debate político de cara a las elecciones legislativas de 2027. Los críticos de las normas UGC argumentan que excluyen a los estudiantes de categoría general de la protección y eliminaron disposiciones contra quejas falsas, mientras que el ministerio de Educación aclara que 'persona agraviada' incluye a todos y la cláusula se eliminó para fomentar las denuncias.