El Parlamento de Canadá está impulsando el proyecto de ley C-9, la “Ley de combate al odio” del gobierno, que modificaría el Código Penal para añadir nuevos delitos relacionados con crímenes motivados por el odio, restringiría ciertos símbolos de odio o terrorismo exhibidos en público y reforzaría las protecciones para el acceso a lugares religiosos o culturales. El proyecto ha sido aprobado por la Cámara de los Comunes y ha estado bajo consideración en el Senado, quedando pendiente el calendario definitivo y el destino de las enmiendas del Senado a futuras votaciones parlamentarias.
El proyecto de ley C-9, titulado formalmente Ley para modificar el Código Penal (propaganda de odio, crímenes de odio y acceso a lugares religiosos o culturales), introduciría una serie de cambios en el marco legal canadiense contra la propaganda y los crímenes de odio.
Entre otras medidas, el proyecto crearía un delito destinado a la promoción deliberada del odio mediante la exhibición pública de ciertos símbolos vinculados a una entidad terrorista catalogada o definidos de otro modo como “símbolos de terrorismo o de odio”, al tiempo que establecería excepciones para ciertos fines legítimos como el periodismo, la educación, la religión o el arte. También crearía un delito autónomo de “crimen de odio” para situaciones en las que se cometa un delito penal existente y el acto esté motivado por el odio contra un grupo identificable, y añadiría o reforzaría los delitos destinados a la intimidación u obstrucción del acceso a lugares religiosos o culturales.
El proyecto ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la libertad de religión. Críticos, incluida la Canadian Constitution Foundation, han argumentado que los cambios propuestos —en particular la eliminación de una defensa de larga data en el Código Penal relacionada con la expresión de una opinión sobre un tema religioso o la creencia en un texto religioso— podrían aumentar el riesgo legal para la expresión religiosa dependiendo del contexto y la intención.
Los defensores, incluido el senador Kristopher Wells, patrocinador del proyecto de ley en el Senado, han afirmado que la legislación tiene como objetivo responder al aumento del odio y la intimidación contra comunidades vulnerables, incluidas las personas 2SLGBTQI+ y las minorías religiosas, manteniendo al mismo tiempo las protecciones de la Carta de Derechos y Libertades.
Los analistas legales citados en el debate público han señalado la jurisprudencia previa de la Corte Suprema de Canadá sobre los límites al discurso de odio como una señal de que los tribunales podrían ratificar las disposiciones clave si son impugnadas, aunque el litigio constitucional sigue siendo posible una vez que se promulgue el texto definitivo.