La extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', cabecilla de la banda La Inmaculada, ha impulsado un refuerzo en los controles de seguridad en Tuluá, Valle del Cauca. Autoridades locales y nacionales coordinan esfuerzos para prevenir alteraciones al orden público. Paralelamente, surgen acusaciones de financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', a Estados Unidos el 4 de febrero de 2026, ha desencadenado medidas inmediatas en Tuluá, municipio del Valle del Cauca. Las autoridades, incluyendo la Alcaldía de Tuluá, la Gobernación del Valle, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, han redoblado los controles en puntos clave de la ciudad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y prevenir posibles afectaciones al orden público.
La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, explicó que se fortalecieron los controles conjuntos entre el Ejército y la Policía. 'Estas acciones buscan prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia institucional en diferentes sectores del municipio', señaló la oficial.
La gobernadora Dilian Francisca Toro atribuyó la extradición al plan de intervención iniciado en 2025, en colaboración con la Fuerza Pública y la Fiscalía, para desarticular la banda La Inmaculada. 'La extradición de “Pipe Tuluá” no es suficiente. Seguiremos trabajando para capturar a quienes siguen delinquiendo, iremos por sus bienes, sus activos y las empresas donde esconden el dinero que le han robado a los tulueños con la extorsión', afirmó Toro. La 'Megatoma de seguridad' en Tuluá continúa, con énfasis en el centro del Valle del Cauca.
En paralelo, la extradición ha avivado denuncias sobre presuntos aportes ilegales de 'Pipe Tuluá' a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, supuestamente a través de su hermano Juan Fernando Petro. La precandidata Vicky Dávila divulgó un audio donde el extraditado alega tener pruebas, incluyendo audios, videos y consignaciones. El representante Víctor Manuel Salcedo solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo una investigación exhaustiva. 'Esperamos que haya una investigación seria y exhaustiva de algo tan delicado como esa acusación', dijo Salcedo.
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por posible financiación prohibida, tráfico de influencias y concierto para delinquir. Petro negó los vínculos: 'A mí esos chantajes no van conmigo. No me hago elegir por asesinos, sino por el voto libre del pueblo'. Juan Fernando Petro calificó las acusaciones de 'montaje y chantaje', afirmando: 'Nunca he recibido plata de ese señor ni me he sentado con él'.
Este caso resalta tensiones en la seguridad regional y la transparencia electoral en Colombia.
