Tebogo Malaka, CEO del Independent Development Trust de Sudáfrica, ha dimitido con efecto al 31 de enero de 2026, evitando una audiencia disciplinaria por un presunto intento de soborno destapado por una operación trampa periodística. La dimisión se produce sin compensación y sigue a un vídeo que la captó ofreciendo dinero para silenciar informaciones sobre problemas en IDT.
La dimisión de Tebogo Malaka como CEO del Independent Development Trust (IDT) se anunció el 14 de enero de 2026, justo antes de que tuviera que enfrentarse a una audiencia disciplinaria. La audiencia se refería a una investigación de Daily Maverick que reveló su presunta implicación en un intento de soborno al periodista Pieter-Louis Myburgh. El incidente se originó en una reunión en agosto de 2025 en un restaurante de los Cape Winelands. Allí, Malaka y el portavoz del IDT, Phasha Makgolane, supuestamente ofrecieron a Myburgh 60.000 rands metidos en una bolsa de compras Dior para que dejara de publicar historias sobre la mala gestión en el IDT, incluyendo la explotación de trabajadores por un contratista y la financiación de una propiedad de 16 millones de rands de Malaka. Imágenes de vídeo de la operación trampa, publicadas en 2025, mostraron el intercambio, aunque Malaka negó después cualquier intento de soborno. Al dimitir, Malaka eludió la investigación, que habría examinado estas acusaciones. La junta del IDT aceptó su salida sin compensación por despido, declarando: «De acuerdo con las prácticas estándar de gobernanza y empleo, los términos de la salida de la Sra. Malaka permanecen confidenciales.» Sfiso Nsibande, cedido por el Construction Industry Development Board, seguirá como CEO interino mientras la junta inicia la búsqueda de un reemplazo permanente. Mientras tanto, la audiencia disciplinaria de Makgolane, programada para el mismo día, no se llevó a cabo como estaba previsto, aunque los detalles sobre su situación siguen sin aclararse. El IDT reafirmó su compromiso con las investigaciones en curso, señalando que cooperará en cualquier acción penal o civil contra personal actual o antiguo. «No se hará ningún comentario adicional en esta etapa», concluyó la junta.
