El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sancionado una nueva ley federal que establece la obligatoriedad de tobilleras electrónicas para los agresores en casos de violencia doméstica contra mujeres cuya vida o integridad estén en riesgo. La medida modifica la Ley Maria da Penha y ya está vigente en todo el país tras su publicación en el Diario Oficial el 10 de abril de 2026. La aprobación responde a las alarmantes estadísticas sobre el incumplimiento de las medidas de protección.
La ley, publicada el viernes (10), exige la vigilancia electrónica cuando existe un riesgo para la vida o la integridad física o psicológica de la víctima. Lo que antes era opcional ahora es obligatorio, debiendo los jueces justificar cualquier negativa a imponer el uso de la tobillera. Los datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública ponen de relieve los fallos del sistema: entre 2021 y 2024, el 13,1% de las víctimas de feminicidio en 16 unidades federativas contaban con medidas de protección y, aun así, 148 de las 1.127 fueron asesinadas a pesar del reconocimiento oficial del riesgo. En 2024, se incumplieron más de 100.000 medidas —el 18,3% de las 555.001 concedidas—, con 52 mujeres asesinadas bajo protección judicial. El país registró 1.492 feminicidios, la cifra más alta desde 2015. La tobillera establece zonas de exclusión para el agresor, alerta a la víctima a través de una aplicación o dispositivo y notifica a la policía en tiempo real. Los incumplimientos aumentan las penas de un tercio a la mitad. Los jueces o delegados pueden imponer la medida, con revisión judicial en un plazo de 24 horas, priorizando los casos de reincidencia o riesgo inminente. Al menos el 6% del Fondo Nacional de Seguridad Pública financiará los dispositivos. Este mes, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha el plan piloto Alerta Mulher Segura en tres estados, vinculando las tobilleras de los agresores a los relojes digitales de las víctimas.
