Debate sobre la efectividad de la ley de feminicidio divide opiniones en Brasil

Dos artículos de opinión publicados en Folha de S.Paulo debaten si la clasificación del feminicidio como delito, establecida en 2015, ha ayudado a combatir la violencia contra las mujeres. Un autor argumenta que proporcionó visibilidad y responsabilidad, mientras que el otro critica su ineficacia y desproporcionalidad. Los artículos destacan el aumento de casos a pesar de los cambios legislativos.

Folha de S.Paulo publicó, el 13 de marzo de 2026, dos artículos de opinión contrastantes sobre el impacto de la Ley del Feminicidio (13.104/2015), que añadió un calificador al Código Penal para homicidios motivados por género, especialmente en contextos de violencia doméstica.  nnLa abogada penalista y jueza federal jubilada argumenta que la ley representó un «hito legal y civilizatorio». Sostiene que históricamente, las muertes de mujeres se diluían en estadísticas generales y se trataban como «crimen pasional», pero la clasificación rompió con eso, alineándose con la Ley Maria da Penha y la Convención de Belém do Pará. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, hubo 1.321 feminicidios en 2023 y 1.450 en 2024. El Panel de Violencia contra la Mujer del Consejo Nacional de Justicia indicó 14.570 casos en trámite en 2025. Para ella, estas cifras muestran mayor visibilidad y prioridad judicial, aunque la prevención requiere políticas como redes de apoyo y delegaciones policiales especializadas. «La existencia del calificador fortalece la responsabilidad penal y reafirma compromisos constitucionales e internacionales», escribe.  nnEn contraste, el abogado y profesor de derecho penal de la PUC-SP afirma que la ley ejemplifica el «fracaso del populismo penal». Señala que desde la Ley de Crímenes Hediondos de 1990, penas más duras no han reducido el crimen. El Anuario Brasileño de Seguridad Pública registró 621 casos en 2016, ascendiendo a 1.467 en 2024. La Ley 14.994/2024 elevó el feminicidio a delito autónomo, con penas de 20 a 40 años (hasta 60 con agravantes), pero el Ministerio de Justicia reportó 1.530 casos en 2025. El autor critica la desproporcionalidad, ya que castiga el feminicidio más severamente que el genocidio o la violación con resultado de muerte, y cuestiona si todos los homicidios domésticos involucran género, citando ejemplos como un padre matando a gemelos. «Es necesario dejar de creer que las vidas se valoran solo por el tamaño de la pena», concluye.  nnAmbos textos enfatizan que la violencia persiste en niveles epidémicos, requiriendo políticas públicas integrales más allá de la punitividad.

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