El Gobierno publica ordenanza con protocolo para delitos contra periodistas

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicó el jueves (9) una ordenanza que instituye el Protocolo Nacional para la Investigación de Delitos contra Periodistas. El documento refuerza los mecanismos de investigación, incluyendo la exigencia de que los boletines de ocurrencia indiquen vínculos con la actividad periodística. La medida fue anunciada en una ceremonia en el Palácio do Planalto el martes (7).

El protocolo, desarrollado por el Observatorio de Violencia contra Periodistas y Comunicadores Sociales, establece un estándar nacional para el Sistema Único de Seguridad Pública de Brasil. Los cambios clave incluyen la exigencia de que los boletines de ocurrencia especifiquen los vínculos con el periodismo, con notificación inmediata a la comisaría competente y al observatorio. El texto enfatiza la protección inmediata a las víctimas, sus familias y lugares de trabajo, así como la cooperación interinstitucional.

La Secretaría Nacional de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, monitoreará la implementación y emitirá informes anuales. La ceremonia de lanzamiento, realizada en el Día del Periodista, contó con la presencia de los ministros Wellington Cesar (Justicia), Sidônio Palmeira (Comunicación Social) y Janine Mello (Derechos Humanos), junto con el secretario de Prensa de la Presidencia, Laércio Portela, y representantes de la sociedad civil. El presidente Lula estuvo ausente y Sidônio Palmeira se retiró temprano sin dar declaraciones.

El ministro de Justicia, Wellington Cesar, señaló que la violencia contra los periodistas tiene un sesgo de género y vinculó el protocolo al Pacto Federal contra el Feminicidio, lanzado en febrero. Fue elaborado junto con grupos como la ANJ, Artigo 19, Repórteres Sem Fronteiras, Abert, Fenaj y Abraji. El gobierno también anunció el Concurso de Periodismo Dom Phillips y Bruno Pereira para la defensa del medio ambiente, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.

La medida busca alinear a Brasil con los estándares internacionales de protección a la prensa.

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