El primer ministro de Cabo Occidental, Alan Winde, ha criticado el recientemente anunciado despliegue del SANDF por parte del presidente Cyril Ramaphosa para combatir la violencia de las bandas, calificándolo de costosa repetición del ineficaz esfuerzo de 2019 en medio de las deficiencias del SAPS.
Después de que el presidente Cyril Ramaphosa anunciara en su discurso sobre el estado de la nación el apoyo del SANDF a la policía para combatir la violencia de las bandas en Cape Flats -como se recoge en los primeros informes-, el gobierno de Western Cape ha expresado fuertes reservas.
Un informe del Instituto de Estudios de Seguridad sobre el despliegue similar al de 2019 no encontró ningún impacto sostenido en las tasas de homicidio: un breve descenso en julio de 2019 se revirtió rápidamente, sin mayores reducciones en las áreas desplegadas que en otros lugares.
El primer ministro Alan Winde cuestiona el costo proyectado que supera los 800 millones de rand, argumentando que enmascara las debilidades subyacentes del SAPS en lugar de abordarlas. Subrayó que el SAPS conserva la responsabilidad exclusiva de las investigaciones criminales, lo que limita las funciones de otros organismos.
En una reciente reunión del gabinete provincial, los dirigentes del SAPS ofrecieron escasos detalles sobre plazos u objetivos. Winde acogió con satisfacción el compromiso del Comisario Provincial, Teniente General Thembisile Patekile, de utilizar el SANDF como fuerza multiplicadora en operaciones coordinadas.
Sin embargo, subrayó la necesidad de unas estructuras de mando claras -a diferencia de lo ocurrido en Gauteng-, de una actuación policial basada en la inteligencia y de la participación de todas las partes interesadas, incluidos los foros comunitarios y la seguridad privada, para evitar que se repitan los fracasos de 2019.
