La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el martes el plan B de reforma electoral por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca reducir privilegios y gastos en organismos electorales y gobiernos locales, tras el fracaso de la propuesta constitucional original en la Cámara de Diputados. Se enviará al Senado con apoyo de PT y PVEM.
La propuesta surge después de que la reforma electoral constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En su lugar, el plan B se centra en modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, junto con algunos cambios constitucionales limitados, para aplicar austeridad republicana y aumentar la participación ciudadana, según explicó Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia del Pueblo este martes 17 de marzo de 2026. “La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública”, afirmó Rodríguez. “Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación, que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.Entre las medidas clave destacan: limitar regidurías municipales a un máximo de 15 (de 7 en adelante), con una sindicatura por municipio y ahorros destinados a infraestructura pública; tope presupuestal del 0.7% para congresos estatales respecto al presupuesto de egresos; prohibir que funcionarios del INE, tribunales electorales y OPLE ganen más que la presidenta, eliminando bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales; reducción progresiva del gasto en el Senado hasta 15%; y revocación de mandato el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.Otros cambios incluyen fiscalización en tiempo real con tecnología y convenios con la UIF, topes salariales para dirigentes partidistas (máximo 1,500 UMAs, equivalentes a 175,965 pesos), y prohibición de recursos ilícitos o extranjeros. La elección judicial se mantendrá en 2027 para ahorrar costos.Morena cuenta con el respaldo de PT y PVEM en el Senado, sumando 87 senadores (67 de Morena, 14 de PVEM y 6 de PT), lo que facilita su avance. Sin embargo, la oposición, como el líder del PRI Alejandro Moreno, la rechazó calificándola de “versión descafeinada” y “gran farsa”, argumentando que no aborda plurinominales, presupuestos partidistas ni número de senadores, y sirve como distractor de temas como seguridad y T-MEC. “Esta reforma electoral era una gran farsa. Hoy lo importante es hablar de la situación de inseguridad, de la renegociación del T-MEC”, dijo Moreno.
