La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la semana pasada una iniciativa de reforma electoral que busca modificar la asignación de diputaciones plurinominales y regular el financiamiento de campañas. Analistas advierten que, aunque diluida en comparación con propuestas previas, representa un alto riesgo de inequidad al favorecer a Morena. La propuesta genera dudas sobre su intención real, posiblemente abriendo la puerta a cambios en leyes secundarias.
La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone asignar 100 diputaciones plurinominales mediante voto en circunscripciones y otras 100 a los mejores perdedores, según detalla el analista Gustavo Zúgiña Colín, director de Imperium Político. Esta modificación impactaría principalmente al PRI, que actualmente es la quinta fuerza en la Cámara de Diputados y la cuarta en el Senado, mientras que aliados de Morena como el PT y el PVEM sufrirían menos, aunque se verían afectados por reducciones en recursos. Zúgiña Colín señaló que 'el partido que en los últimos años ha perdido es el PRI, al PRI lo van a mandar al fondo'.
La consultora Integralia describe la propuesta como 'diluida' y de menor alcance que los planes A y B de Andrés Manuel López Obrador en 2022, pero aún 'regresiva' y de 'alto riesgo'. Advierte que reduce el financiamiento público y el tiempo en radio y TV para partidos, permite la intervención de partidos y gobiernos en consultas populares y revocación de mandato, y omite temas clave como la sobrerrepresentación en el Congreso, el transfuguismo y la intromisión del crimen organizado en elecciones. Sin embargo, introduce monitoreo por el sistema financiero para recursos electorales y prohíbe aportaciones en efectivo para combatir financiamiento ilícito.
En un análisis de opinión, Edmundo Jacobo critica la iniciativa por su debilidad técnica y falta de diagnóstico preciso, viéndola como un recetario ideológico que omite reformas a leyes secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sugiere que podría ser el verdadero 'Plan A' para modificar reglas electorales con mayoría simple en el Congreso, donde Morena cuenta con tal ventaja, asegurando condiciones favorables para las elecciones intermedias de 2027 y la presidencial de 2030. Jacobo contrasta esto con la postura del gobierno mexicano de prudencia ante amenazas externas de Estados Unidos, argumentando que internamente se impone una visión unilateral sobre la democracia.
La propuesta no aborda la concurrencia de la elección judicial con otros comicios, lo que representa un riesgo operativo para el INE, según Integralia. Analistas coinciden en que sin reformas secundarias, es difícil estimar todas las implicaciones, pero el conjunto de cambios propicia inequidad al favorecer al partido gobernante.
