El Tribunal Supremo de la India preguntó el martes a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, cuál sería su reacción legal si, para 2030-2031, su partido ocupara el poder en el Gobierno central y un ministro principal de la oposición interrumpiera un registro de una agencia federal. La cuestión surgió durante una audiencia sobre la petición de la Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) respecto a la interrupción de un registro en enero. El tribunal expresó su preocupación por la interferencia estatal en las investigaciones federales.
El 24 de marzo de 2026, una sala del Tribunal Supremo presidida por el juez Prashant Kumar Mishra planteó un escenario hipotético a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, y a su gobierno estatal. En respuesta a sus argumentos de que la Dirección de Ejecución (ED) no puede acudir directamente al tribunal bajo el Artículo 32 alegando violaciones de derechos fundamentales, el juez preguntó: “¿Qué harían ustedes si la situación fuera a la inversa? En 2030-2031, ustedes llegan al poder en el Gobierno central y uno de sus ministros principales hace algo así... ¿Cuál sería su reacción, su reacción legal?”. La pregunta fue dirigida al abogado principal Kalyan Bandhopadhyay, quien compareció junto a Kapil Sibal en representación de Banerjee. Él respondió: “Tenemos que seguir lo que dicta la ley”. La petición de la ED se deriva de un registro realizado en enero en la residencia y las oficinas del cofundador de I-PAC, Pratik Jain, consultora que asesora al Trinamool Congress, el partido gobernante en Bengala Occidental, estado en vías de elecciones, en materia de estrategia electoral. La ED alega que Banerjee irrumpió en el lugar, retirando pruebas en formato papel y digital, y solicita una investigación por parte de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) contra ella y contra altos cargos policiales. El tribunal tomó nota de una petición bajo el Artículo 32 presentada por un oficial de la ED, ante lo cual el juez Mishra cuestionó: “¿Dejan los funcionarios de la ED de ser ciudadanos de la India simplemente por ocupar un cargo oficial en ese momento? ¿Acaso se les puede hacer cualquier agravio sin que puedan acudir a este tribunal bajo el Artículo 32?”. En una audiencia previa, la sala había preguntado si los agentes de la ED debían limitarse a “mirar y observar” mientras Banerjee intervenía. El Estado, a través de los abogados principales A.M. Singhvi, Shyam Divan y Siddharth Luthra, argumentó que la ED no es una “entidad corporativa” ni una “persona física o jurídica” elegible bajo el Artículo 32. Divan señaló que es un departamento del Gobierno central sin derechos para demandar bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El procurador general Tushar Mehta enfatizó que la ministra principal obstaculizó una investigación legal en favor del “interés público general”. Los registros están relacionados con un caso de contrabando de carbón por valor de 2742 millones de rupias.
