El sospechoso de 22 años arrestado la semana pasada en relación con el ciberataque a los servidores del Ministerio del Interior de Francia ha sido formalmente imputado y colocado en prisión provisional a partir del 20 de diciembre, en medio de una investigación en curso sobre la brecha de bases de datos sensibles como TAJ y FPR.
Tras su arresto el 17 de diciembre en Limoges por la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), el sospechoso —previamente condenado por delitos similares a principios de 2025— compareció ante los jueces el sábado. Enfrenta cargos por «acceso fraudulento en grupo organizado a un sistema automatizado de tratamiento de datos personales implementado por el Estado», a cargo de la unidad de ciberdelitos de la fiscalía de París.
Este desarrollo llega después de que el Ministerio del Interior confirmara actividades sospechosas en sus servidores de mensajería la semana anterior, comprometiendo registros judiciales (TAJ) y datos de personas buscadas (FPR). Aunque un grupo de hackers reivindicó un acceso más amplio, los detalles oficiales siguen siendo limitados. El caso pone de manifiesto las vulnerabilidades continuas en los sistemas informáticos gubernamentales, lo que ha impulsado mejoras de seguridad como la autenticación de dos factores, según anunció el ministro del Interior Laurent Nuñez.
No se ha divulgado nueva información sobre el alcance total del hackeo ni sobre sus motivaciones.
