Estados Unidos impuso sanciones a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusándolo de trabajar para el Cártel del Noreste. El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Ramos fabricó acusaciones de violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas mexicanas para proteger a miembros del cártel. Las medidas bloquean cualquier activo que posea en EE. UU. y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con él.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el martes, alegando que Ramos se hizo pasar por activista de derechos humanos durante más de una década. Las autoridades señalaron que Ramos, quien estaría en la nómina del Cártel del Noreste (CDN), buscaba desacreditar los esfuerzos de las autoridades mexicanas contra dicho grupo criminal mediante denuncias falsas contra el ejército. El Tesoro afirmó que Ramos pretendía mejorar la imagen pública del cártel mientras protegía a sus integrantes de las fuerzas del orden en Nuevo Laredo, una violenta ciudad fronteriza en el estado de Tamaulipas, colindante con Estados Unidos. Ramos no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones. El activista ha denunciado previamente presuntos abusos cometidos por las fuerzas mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas en 2023 y desapariciones forzadas a manos de la Marina en 2022. Las autoridades mexicanas respondieron a esas denuncias deteniendo a funcionarios militares e iniciando investigaciones, aunque no está claro si alguna derivó en cargos o condenas. La Fiscalía General de la República de México no ofreció comentarios sobre las acusaciones estadounidenses ni sobre ninguna investigación relacionada. En 2020, Ramos fue uno de los objetivos del software espía Pegasus utilizado por el gobierno mexicano, según la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Citizen Lab.
