El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó un complejo turístico en Puerto Vallarta y una red empresarial vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación por su participación en fraudes de tiempo compartido. La acción incluye a cinco personas y 17 empresas en la región de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó a siete sujetos adicionales y presentó denuncias por operaciones ilícitas.
El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, junto con cinco personas y 17 empresas asociadas, por su conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta medida se basa en las Órdenes Ejecutivas 13224 y 14059, como parte de una ofensiva contra las fuentes de financiamiento del cártel, descrito por las autoridades estadounidenses como una organización 'terrorista brutalmente violenta' que ha diversificado sus ingresos más allá del narcotráfico.
El esquema de fraude, operativo desde aproximadamente 2012 en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, involucraba centros de llamadas que contactaban a propietarios estadounidenses para ofrecer reventas, rentas o inversiones ficticias. Las víctimas pagaban cuotas e impuestos por adelantado a cuentas mexicanas, sin recuperar los fondos. Según el FBI, entre 2019 y 2023, unas 6 mil víctimas reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares; en 2024, se registraron 900 quejas con más de 50 millones en pérdidas, cifras que probablemente subestiman el total debido a la falta de denuncias.
Carlos Humberto Rivera, propietario de Kovay Gardens (anteriormente Vallarta Gardens), fue identificado como pieza central. El complejo compartía bases de datos con call centers controlados por el CJNG. Las operaciones estaban bajo control de Audías Flores Silva, con una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Entre los sancionados figuran Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa —con lazos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'—, Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: 'Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias'.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, vía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos —seis personas físicas y una moral— a su Lista de Personas Bloqueadas. La UIF realizó análisis financieros que identificaron flujos de recursos, transferencias internacionales y participaciones en sociedades en el occidente del país, presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación fue coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Nueva York, involucrando al FBI, DEA, IRS y CBP.
