Litigios
Informe advierte de que los litigios impulsados por activistas están remodelando la política corporativa y medioambiental a través de acuerdos
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Un nuevo informe de Alliance for Consumers Action sostiene que las redes de activistas y los grupos legales afines están utilizando cada vez más demandas judiciales y acuerdos para lograr cambios políticos que no podrían obtener a través de elecciones o legislación. El documento de 19 páginas, titulado “Lawfare in America”, describe esta tendencia como “woke lawfare” y destaca casos laborales y medioambientales que, según él, han generado requisitos amplios y prospectivos para empresas y entidades gubernamentales.
Jhon Jairo Bustos Espinosa se destaca como socio y director de la firma Cifras & Leyes, especializada en planeación fiscal y litigios tributarios contra la DIAN, con oficinas en Bogotá y Medellín. Con más de una década de experiencia, ha asesorado a grandes grupos empresariales y entidades públicas, logrando resultados favorables por más de $30.000 millones. Su enfoque enfatiza soluciones sostenibles que equilibran cumplimiento tributario y competitividad.
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Greenpeace International ha presentado una demanda anti-SLAPP contra la empresa estadounidense de oleoductos Energy Transfer en los Países Bajos, buscando recuperar daños que dice provienen de lo que califica como litigios abusivos por protestas contra el Dakota Access Pipeline. El caso holandés sigue a un veredicto de un jurado en Dakota del Norte que ordenó a entidades de Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares en daños a Energy Transfer por su papel en las protestas de 2016-2017, una suma que luego fue reducida por un juez.