El Banco Central de la República Argentina abrió cuatro sumarios administrativos contra casas de cambio por operaciones irregulares que superan los US$1.190 millones durante 2022 y 2023. Las pesquisas detectaron préstamos en dólares a personas de bajos ingresos y posibles desvíos al mercado informal. La investigación involucra a la UIF y la Justicia federal.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició investigaciones administrativas para examinar posibles irregularidades en la compra y reventa de dólares al tipo de cambio oficial durante los años 2022 y 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández. El volumen total bajo escrutinio asciende a más de US$1.190 millones, según los expedientes abiertos contra cuatro casas y agencias de cambio.
Estas entidades habrían participado en un esquema para explotar la brecha cambiaria, que en ese período superaba el 80% entre el precio oficial y las cotizaciones paralelas, en un contexto de restricciones al acceso a divisas. Mientras empresas y hospitales enfrentaban escasez de dólares, el negocio de adquirir divisas a bajo costo y revenderlas en el mercado informal generaba ganancias significativas.
Las pesquisas identifican un mecanismo similar al 'rulo', donde dólares oficiales se desviaban al circuito paralelo. Una firma en particular manejó cerca de US$466 millones, otra US$474 millones y una tercera US$251 millones, obtenidos inicialmente de bancos y el propio BCRA. En un aspecto clave, una casa de cambio transfirió casi US$10 millones en préstamos a 53 personas entre febrero y abril de 2023, con montos hasta US$300.000 por beneficiario.
Muchos receptores eran monotributistas o perciben la Asignación Universal por Hijo, sin ingresos compatibles con tales sumas; algunos compartían domicilios fiscales. Estos 'mutuos' no están autorizados para casas de cambio, y los fondos se retiraban en efectivo, con devolución prevista en 'dólar billete'. El BCRA estima un beneficio de US$8,3 millones solo en esta etapa, por la brecha cambiaria.
La investigación se amplió con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), elevando el caso a la jueza federal María Servini por dudas sobre el origen de los fondos. Más del 90% de las transacciones se realizaron en efectivo, perdiendo trazabilidad. Los sumarios no imputan directamente a bancos, y las casas de cambio niegan las acusaciones, alegando falta de validez en los procedimientos. Las actuaciones podrían derivar en sanciones o cierres, destacando vulnerabilidades en el mercado cambiario de entonces.
