En Francia, los desequilibrios demográficos en el sector público obligan al Estado a financiar en gran medida las pensiones de los exfuncionarios. Con casi 6 millones de trabajadores públicos, o uno de cada cinco empleados, el número de agentes activos es inferior al de jubilados, lo que requiere contribuciones adicionales significativas.
El sector público francés emplea a unos 6 millones de agentes, lo que representa uno de cada cinco trabajadores a nivel nacional. Aunque la cuota del sector público en el empleo total está disminuyendo, el número absoluto de funcionarios sigue aumentando. Sin embargo, el sector se enfrenta a un claro desequilibrio demográfico: solo un funcionario activo aporta por cada jubilado, en comparación con una ratio nacional de aproximadamente 1,8 trabajadores por jubilado. Para compensar esto, el Estado debe completar la cuenta especial de asignación de pensiones (CAS) con varios miles de millones de euros anuales. Esta financiación garantiza el pago de pensiones a los exfuncionarios a pesar de las contribuciones insuficientes del personal actual. A partir del 1 de enero de 2026, la tasa de cotización pública patronal se fija por decreto en el 82,28%, lo que pone de manifiesto la creciente tensión financiera para el Estado. Esta situación pone de relieve los desafíos estructurales en el sector público, que abarca roles diversos como profesores, policías, trabajadores de saneamiento y parteras. Fuentes señalan que esta sobrecontribución es vital para mantener los pagos, pero intensifica las presiones presupuestarias sobre las finanzas públicas.
