El proyecto de ley de finanzas de 2026 fue aprobado usando el artículo 49.3 de la Constitución, a pesar de la promesa inicial del primer ministro en contra. El déficit público se prevé en el 5 % del PIB, a la baja del 5,4 % en 2025, superando los 150.000 millones de euros en total. Esto supone un promedio de 3614 euros por cada uno de los 41,5 millones de hogares fiscales.
El Gobierno francés tardó cuatro meses en redactar el proyecto de ley de finanzas de 2026 (PLF), un proceso descrito como laborioso por el columnista Jean-Pierre Robin. Contrariamente a la promesa inicial del primer ministro, el proyecto fue aprobado mediante el artículo 49.3, poniendo en juego la responsabilidad del Gobierno. En su carta a los parlamentarios, el ministro Sébastien Lecornu enmarca el presupuesto como un «redressement des comptes publics», con el déficit general del Estado y de las administraciones en el 5 % del PIB en 2026, por debajo del 5,4 % en 2025. Sin embargo, Robin destaca que este déficit superará los 150.000 millones de euros, lo que equivale a 3614 euros por hogar fiscal de media, para 41,5 millones de hogares. Este nivel de déficit recuerda el pico del 9 % del PIB en 2020, durante la pandemia de Covid-19 y la política del «quoi qu'il en coûte». Robin establece un paralelo irónico con un cónclave papal, aludiendo a «Habemus legem» y la elección ficticia del papa León XIV en primavera de 2025. Titula su columna: «Ce sont désormais les enfants qui financent les repas dans les familles françaises», subrayando la carga generacional de la deuda pública.