La inspectora que acusa de agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha recurrido la decisión del juez que rechazó prohibirle comunicarse con ella. Su abogado argumenta insuficiencia de motivación y riesgo preventivo. El magistrado había considerado que no existe amenaza actual.
La inspectora que denunció a José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el 17 de febrero, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. El magistrado David Maman Benchimol rechazó la semana pasada la medida cautelar de prohibir al investigado comunicarse con la denunciante, argumentando que 'el investigado ni se ha acercado a ella, ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio' y que no existe riesgo de presión, dado que González ya no ocupa el cargo de máxima autoridad policial. Según el auto judicial, no parece probable que se produzca 'ningún tipo de presión sobre la querellante' en esta fase de instrucción. La denunciante ratificó su querella el 17 de marzo, detallando los hechos ocurridos el 23 de abril de 2025, cuando González presuntamente la violó tras presionarla para mantener relaciones sexuales pese a sus negativas. González negó los hechos y atribuyó la querella a 'pretensiones profesionales y personales' de la inspectora; su defensa la ha acusado de actuar por motivos económicos. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, sostiene en el recurso de 11 páginas que la resolución 'debe ser declarada nula' por 'insuficiencia de motivación incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva'. Argumenta que el juez incurrió en un 'error' al valorar las circunstancias con una 'apreciación fragmentaria e insuficiente', convirtiendo la falta de contacto reciente en argumento excluyente del riesgo. 'La medida interesada --la prohibición de comunicación por cualquier medio-- tiene una función esencialmente preventiva: evitar contactos futuros, perturbaciones, intimidaciones indirectas o situaciones de revictimización', expone Piedrafita. La inspectora se encuentra de baja psicológica y declaró con asistencia de una psicóloga. Piedrafita pide revocar el auto, imponer la prohibición o, alternativamente, una valoración policial de riesgo actualizada. 'Es lo único que no puede proteger la escolta policial', añade el escrito.
