El Govern catalán y Comuns han reactivado contactos para allanar un acuerdo presupuestario, centrándose en políticas de vivienda. Los comunes reclaman crear una Dirección General de Disciplina de Vivienda que centralice inspectores para sancionar el fraude en alquileres. Las negociaciones avanzan de forma informal mientras se espera un pacto previo con Esquerra Republicana.
El Govern y la formación Comuns han retomado los contactos para facilitar un pacto presupuestario, según fuentes consultadas. Este movimiento se produce a la espera de que el Ejecutivo alcance primero un acuerdo con Esquerra Republicana, necesario para asegurar mayorías en el Parlament. El objetivo es aprobar los presupuestos antes del 31 de julio.
Los comunes ponen énfasis en la vivienda, proponiendo una nueva Dirección General de Disciplina de Vivienda dependiente de la Secretaría de Vivienda, liderada por Lídia Guillén. Esta unidad centralizaría a los 100 nuevos inspectores incorporados recientemente en la Agència Catalana de l’Habitatge. “Si dependen de la Agencia, quedan diluidos y no intervienen de la forma que creemos que deben de hacerlo”, defienden fuentes del partido de Jéssica Albiach.
El portavoz David Cid reclamó en Catalunya Ràdio “una dirección política” para fortalecer a estos inspectores y aplicar “sanciones ejemplarizantes” a fondos de inversión especulativos. Esto se suma al pacto de febrero, que incluyó multas de hasta 900.000 euros por fraude y un aumento de recursos en vivienda a 1.250 millones de euros anuales.
La reactivación llega tras la rectificación del Govern sobre incentivos en bajas laborales, que había tensionado la relación. Mientras, las negociaciones con ERC muestran bloqueo, con demandas republicanas en soberanía y propuesta gubernamental de un Consorcio de Inversiones.
