El Departamento de Agricultura ha congelado la reclasificación de tierras, destacando los riesgos de convertir campos de cultivo en sitios solares, como se ve en los proyectos paralizados de Solar Philippines.
En febrero de 2026, el Departamento de Agricultura (DA) de Filipinas anunció una congelación de la reclasificación de tierras, vista como un paso vital para proteger la seguridad alimentaria frente a proyectos de energías renovables. Una columna de Rappler destaca experiencias globales de Japón, Europa y Estados Unidos, donde convertir tierras agrícolas productivas en granjas solares lleva a precios de alimentos más altos, dependencia de importaciones y volatilidad económica. Como caso de estudio, señala a Solar Philippines, fundada por el empresario y representante de Batangas Leandro Leviste. La empresa reunió alrededor de 10.000 hectáreas de tierra en Luzón para parques solares y obtuvo contratos de servicio para casi 12.000 megavatios del Departamento de Energía (DOE). Sin embargo, solo 174 megavatios, o el 2%, entraron en operación comercial. Los reguladores han iniciado la terminación de contratos que cubren más de 11.400 megavatios e imponer penalizaciones que podrían alcanzar los 24.000 millones de ₱. El costo de oportunidad es inmenso: si las 10.000 hectáreas se usaran para arroz irrigado con un rendimiento de ocho toneladas por hectárea al año, podría producir 80.000 toneladas de arroz, valoradas en más de 2.000 millones de ₱ al año, potencialmente superando los 50.000 millones de ₱ durante la vida del proyecto. La solar a escala de servicios públicos requiere 1.000 hectáreas por gigavatio, limitando la tierra para agricultura, que es más intensiva en mano de obra y ofrece efectos multiplicadores a la economía rural. En Europa, como Alemania e Italia, se evita ahora usar tierras agrícolas productivas para solar, priorizando tejados y suelos contaminados. En EE.UU., más de 420.000 acres de tierra rural se usan para renovables. La conversión de tierras no es solo un problema de planificación, sino una decisión macroeconómica que afecta a la inflación y el tipo de cambio. La moratoria del DA afirma las tierras agrícolas como infraestructura nacional estratégica, no como bienes raíces desechables.