Contra el consejo del Gobierno, la Asamblea Nacional adoptó el jueves 11 de diciembre un texto para la renovación automática de permisos de residencia de larga duración. Impulsada por la diputada socialista Colette Capdevielle, esta medida busca simplificar procedimientos y reducir el retraso administrativo. Ahora debe ser examinada por el Senado.
La Asamblea Nacional votó la noche del jueves 11 de diciembre, en primera lectura, una propuesta de ley socialista que favorece la renovación automática de los permisos de residencia plurianuales (hasta cuatro años) y las tarjetas de residente de diez años. Adoptada por 98 votos contra 37, esta iniciativa se basa en la unión de los grupos de izquierda, frente a una baja movilización del campo gubernamental y de la extrema derecha. Colette Capdevielle denunció los retrasos excesivos en el procesamiento, que afectan a más del 99 % de las solicitudes aprobadas y provocan colas interminables y disrupciones de derechos para los extranjeros: pérdida de empleo, imposibilidad de alquilar vivienda o interrupción de la cobertura sanitaria. «Logramos la hazaña de atascar un sistema para menos del 1 % de los expedientes», declaró. Añadió: «La máquina administrativa en sí crea precariedad; estamos fabricando personas indocumentadas». La ministra delegada Marie-Pierre Vedrenne reconoció «retrasos degradados», pero se opuso al texto por riesgos legales y constitucionales debidos a la falta de examen individualizado. Argumentó que la medida trasladaría la carga de trabajo sin resolver problemas y pasaría por alto casos como una condena penal no declarada o la poligamia. Los debates fueron intensos. Laurent Jacobelli (Agrupación Nacional) advirtió de un «grave peligro», acusando a los socialistas de postureo. Capdevielle replicó que la administración podría retirar un permiso por alteraciones del orden público y calificó a sus oponentes de «muy, muy racistas». Esta votación se produjo el día en que la Asamblea adoptó otras propuestas socialistas, entre ellas una que garantiza un abogado a menores bajo asistencia educativa (380.000 afectados) y otra que permite a jóvenes aislados conservar protecciones durante recursos.
