Tras décadas de retrasos, el proyecto de ley de libertad de información (FOI) está avanzando en la Cámara de Representantes y el Senado de Filipinas. Superó la etapa de comisión en la Cámara y fue aprobado en segunda lectura en el Senado a mediados de marzo. Aún existen diferencias entre las versiones de ambas cámaras.
Seis meses después de que el presidente Ferdinand Marcos Jr. incluyera el proyecto de ley de libertad de información (FOI) en su agenda legislativa, este ha avanzado en el Congreso. La propuesta de Ley de Derecho a la Información (RTI) superó el nivel de comité en la Cámara, mientras que la Ley de FOI del Pueblo fue aprobada en segunda lectura en el Senado a mediados de marzo de 2026, justo antes del receso de dos meses de los legisladores. El proyecto de ley ha languidecido durante más de tres décadas, habiendo estado a punto de ser aprobado en 2010, pero sin lograr la ratificación del informe de la conferencia. En 2016, el expresidente Rodrigo Duterte emitió una orden ejecutiva sobre FOI, pero sus numerosas excepciones, como la de seguridad nacional, permitieron a las agencias denegar solicitudes, incluso las relacionadas con el SALN del presidente. La versión de la Cámara propone una Comisión de Derecho a la Información como organismo de supervisión, tal como explicó a Rappler el vicepresidente del comité, Brian Yamsuan: “Establecer esa Comisión de RTI crea un mecanismo adecuado porque existe una organización real detrás. No es solo una ley en papel”. La Coalición ¡Derecho a saber, derecho ahora! (R2KRN), a través de su co-coordinadora Eirene Aguila, celebró la aprobación, señalando que se incorporó el 85% de las aportaciones de la sociedad civil, incluidos plazos de 3 a 7 días para solicitudes ordinarias y la divulgación proactiva. El presidente del comité, Lordan Suan, lo calificó como un cambio de paradigma en el que las agencias ofrecen información clave voluntariamente. Las diferencias persisten: el proyecto de ley del Senado prescinde de la comisión y exige una publicación más clara del SALN para los altos funcionarios, mientras que la Cámara deja esta responsabilidad a las agencias. La Cámara también permite a organismos de supervisión como la CHR acceder a información restringida. Cuando se reanuden las sesiones en mayo, el proyecto pasará a los comités de asignaciones y normas antes de llegar al pleno. Suan espera rapidez en medio de las demandas de transparencia. Marcos lo incluyó en los proyectos de ley prioritarios en septiembre de 2025 en medio de escándalos de corrupción. Se espera una conferencia bicameral para reconciliar las versiones.