El ministro de Justicia Gérald Darmanin anunció el 4 de febrero que presentará dos proyectos de ley separados para reformar el sistema judicial debido al tiempo parlamentario limitado. El primero busca reducir a la mitad los retrasos en las sentencias de casos penales, mientras que el segundo abordará la ejecución de sentencias.
El ministro de Justicia Gérald Darmanin reveló el miércoles 4 de febrero, durante una entrevista en RTL, que planea dividir su proyecto inicial de reforma judicial en dos textos legislativos separados. Originalmente, un solo proyecto de ley combinaba medidas sobre la programación de casos penales y la ejecución de sentencias. Sin embargo, dada la urgencia y la agenda parlamentaria saturada, «lo estamos dividiendo en dos; no tenemos tiempo en el Parlamento para estudiar todo el texto, no quedan muchas ventanas parlamentarias», explicó a AFP. El primer texto, que es prioritario, se centra en la justicia penal. Con 5.000 casos pendientes, los retrasos actuales ascienden a seis años para los juicios por violación y ocho años para delitos de sangre como asesinato o intento de asesinato. Darmanin busca reducir a la mitad estos plazos. Las medidas clave incluyen extender el procedimiento de conformidad a delitos graves, siempre que la víctima esté de acuerdo; ampliar la competencia de los tribunales correccionales departamentales a apelaciones y casos de reincidencia, actualmente atribuidos a las cours d'assises; simplificaciones procesales; y legalizar la genealogía genética. Este proyecto de ley podría ser adoptado completamente antes del 14 de julio, lo que facilitaría una mayoría con la izquierda, según el entorno del ministro. El segundo texto, que se presentará más tarde, abordará la ejecución de sentencias: restringir la libertad condicional a delincuentes primerizos, eliminar los ajustes obligatorios de penas, experimentar con penas de prisión ultracortas e implementar un numerus clausus en los centros de detención para combatir el hacinamiento penitenciario. Aquí parece más factible una mayoría con la derecha. Asociaciones feministas y diputados de izquierda o centristas proponen especializar los tribunales correccionales departamentales en delitos sexuales, siguiendo el modelo español; esta idea se discutirá durante los debates parlamentarios.
