El Fondo Monetario Internacional ha rebajado dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española, hasta el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. El organismo atribuye el ajuste principalmente al alza de los precios del petróleo y del gas. Recomienda eliminar los controles de alquileres y acciones más contundentes en vivienda.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado las conclusiones de su misión del Artículo IV sobre España, fechadas el 20 de marzo de 2026. Recorta su previsión de crecimiento del PIB al 2,1% para 2026 (dos décimas menos que antes) y al 1,8% para 2027, citando el impacto adverso del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El petróleo ha subido más del 50%, hasta unos 110 dólares por barril, y el gas natural un 98%, hasta 60 dólares por megavatio hora, tras ataques a infraestructuras como South Pars en Irán y Ras Laffan en Qatar. España mitiga el efecto del gas gracias a su alta proporción de renovables en el mix eléctrico, pero un conflicto prolongado podría elevar la inflación por encima del 3% y frenar inversión y consumo, advierte el FMI, presidido por Kristalina Georgieva. La demanda interna, salarios crecientes y fondos europeos sostendrán el crecimiento a corto plazo, pese a la moderación de inmigración y turismo. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de 5.000 millones de euros contra la crisis energética, con rebajas fiscales y ayudas, aunque el FMI aconseja medidas temporales y focalizadas. En vivienda, urge “acción más contundente” para aumentar oferta: acelerar planes urbanísticos, liberar suelo, agilizar permisos y reformar la Ley del Suelo. Critica los controles de alquileres: “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”. Propone medidas hipotecarias basadas en capacidad de pago (BBM) para evitar riesgos financieros, dado el relajamiento en criterios de concesión. La fragmentación política genera dudas sobre reformas fiscales y consolidación, con déficit previsto por encima del 2% del PIB en 2031.